En el aluvión de artículos y declaraciones que ha
provocado la decisión de la Generalitat de Cataluña de convocar una consulta
por el (unilateral) derecho a decidir, no se encuentran apenas
elementos que permitan formar una idea clara de las motivaciones y la justicia
de esa reivindicación ni de las realidades materiales y económicas de la
relación entre Cataluña y el resto de España. Parece evidente que los expertos
en economía y los políticos rehúsan exponer los datos realmente significativos
ante el gran público y abrir un debate en profundidad lo que, dicho sea de
paso, indica la desconfianza y el desprecio intelectual que sienten hacia la
base social a la que representan
Curiosamente, mientras que, por un lado, se proclama la
inminencia del desbordamiento de los diques constitucionales, quienes deben
velar por la contención de la inundación guardan silencio y la sociedad
española en su mayoría contempla la situación con un sentimiento de apatía en
línea con la de su gobierno. Es cierto que algunas respuestas de tipo meramente
jurídico se han esbozado por parte de éste último aludiendo a la
inconstitucionalidad del proyecto, su incompatibilidad con la pertenencia a la
UE, el perjuicio económico derivado, etc, pero estos planteamientos apenas
inciden en la opinión pública por hallarse relativamente alejados de la
realidad cotidiana.
Desde la perspectiva del hombre corriente que, ajeno a
cuestiones de alta política y derecho internacional, considera legítima una
propuesta que parece apelar simplemente a la expresión de la voluntad popular,
parecería razonable tratar el tema de la separación de manera análoga a un
divorcio matrimonial. De ese modo sería pertinente examinar la intrincada
imbricación de una relación de siglos que debería desenmarañarse antes de
contemplar su disolución.
En esa línea me gustaría señalar tan solo algunos hechos,
de carácter no ideológico, de conocimiento público que casi nunca son
mencionados en este debate como si fueran objeto de represión freudiana. Es lo
que ocurre especialmente en todo lo que tenga que ver con la economía, cuestión
que encona los ánimos de los que se divorcian y la más necesitada de un punto
de vista ajeno a las partes. En este apartado habría que considerar los bienes
de un país tal como se contemplan en un régimen de gananciales matrimonial.
Para empezar hay que advertir que la ubicación actual de diferentes industrias
y servicios se hizo en virtud de un criterio de eficacia y solidaridad nacional
(análogo, por tanto, a un régimen de gananciales). Huelga decir, por ejemplo,
que industrias como la SEAT, creadas bajo el régimen franquista, obedecieron a
ese planteamiento. En aquellos años la incipiente producción industrial
española conquistó nuevos
mercados: Cuba, Méjico y países del este; la industria
farmacéutica, la textil y la automovilística fueron las más favorecidas, todas
ellas mayormente ubicadas en Cataluña.
Seat (sociedad español de automóviles de turismo) creada,
como otras muchas desde el estado central franquista llegó a contar con
aproximadamente32.000 puestos de trabajo. España exportaba coches de
fabricación barcelonesa pero se veía obligada a comprar azúcar de caña en La
Habana. Mientras la producción de Seat se incrementaba los
agricultores veían impotentes el cierre de las azucareras. Las chimeneas de
Zaragoza, Monzón, Ëpila o Alagón son hoy mudos testigos de lo que fue otrora el
importante cultivo remolachero.
Otro ejemplo (entre otros) del trato de favor del
gobierno central a Cataluña, este ya en democracia: siendo ministro de industria del gobierno
Zapatero, el señor Montilla, se concedió una fuerte subvención a la industria
química. Dicha subvención estaba prácticamente limitada a empresas
catalanas. Gracias a ello, Ercros, se hizo con el control de una parte
sustancial de la firma rival, Aragonesas. A continuación, Ercros cerró las
factorías de Aragonesas en Huelva y Monzón, quedando únicamente su factoría
ubicada en Cataluña (por cierto, que era opinión unánime en el mundo de la
industria química que esa operación no tenía sentido ya que Ercros era en todos
los sentidos y particularmente en el tecnológico una empresa inferior a
Aragonesas).
Gran parte de la industria química nacional se concentró
en Cataluña gracias a ministros franquistas como D. Fabián Estapé (ante
técnicos de las fábricas de Monzón dijo que Tarragona debía convertirse en la
capital de la industria química española en beneficio de Cataluña y de España,
como así ha ocurrido) y postfranquistas.
Los ejemplos de lo que ha aportado el estado a Cataluña
podrían multiplicarse: rescate de Banca catalana bajo Pujol, olimpiadas,
canalización del ahorro de las regiones agrícolas hacia Cataluña, etc. En la
población emigrante que encontró trabajo en Cataluña al amparo de esas
inversiones estatales el nacionalismo consiguió crear un complejo de deuda de
gratitud a Cataluña que ha propiciado con el tiempo la conversión al
catalanismo de gran parte de esa población. Pero de todo esto se habla con
mayor autoridad en el libro que acaba de aparecer en las librerías del profesor
Tamames titulado "Adonde vas Cataluña".
Situación análoga a esa de las empresas químicas la vemos
reproducida en campos diversos de mucha menor relevancia económica. Por ejemplo
las parroquias de Aragón, hasta hace poco pertenecientes a la diócesis
episcopal de Lérida tenían muchas de sus obras de arte depositadas en el
obispado de Lérida. En este momento reclaman que les sean devueltas a lo que se
han negado tanto el obispado de Lérida como la Generalitat pese a existir una
sentencia de Roma ordenando su devolución. Contrasta esta actitud con la del
supuestamente anticatalán "gobierno de Madrid"
que renunció a los cuadros donados por Dalí al Estado (sin
duda más valiosos) y creó con esos fondos el museo Dalí en Figueras.
De mayor calado, sería sin duda el asunto de la propiedad
del Archivo de la corona de Aragón, actualmente ubicado en Barcelona. Parece
ser que Aragón, tronco del antiguo reino, no ha reclamado nunca su derecho
sobre dicho archivo debido a su alto sentido de la solidaridad
interterritorial, primero dentro de la corona de Aragón y después dentro de
España, pero ahora nos hallaríamos ante una situación enteramente nueva, de
quiebra no solo de España sino de esa entidad históricamente subyacente que fue
el reino de Aragón. Los ejemplos mencionados y otros semejantes así como otros
en sentido contrario que pudieran traerse a colación mostrarían un grado de
entrecruzamiento e integración de intereses y derechos que reclaman la idea de
una soberanía compartida por todo el pueblo español.
Da la impresión de que el nacionalismo catalán intenta
"colar" la especie de que todo lo que se halla ubicado en Cataluña es
de su exclusiva propiedad olvidando por completo su procedencia y origen. De
esta manera utiliza la concentración industrial de Cataluña, generada
principalmente con ayuda estatal, para suscitar en los ciudadanos un agravio
comparativo a causa del mayor peso impositivo de Cataluña. Se trata de una
estrategia caracterizada por la convergencia (ya anunciada en el nombre del
partido que la ha llevado a cabo) de distintas operaciones de orden económico y
político tales como las señaladas para situar a Cataluña en una posición
ventajosa que suponga un punto de partida ideal en la consecución de la
independencia o un status de privilegio inaceptable e incluso insultante para
las demás comunidades. Dichas operaciones han estado eficazmente complementadas
por una labor de propaganda de masas sustentada en el control de la Generalitat
de Cataluña de la educación y los medios de comunicación subvencionados (*).
Refiriéndose a esta última operación el filósofo Fernando
Savater ha dicho que no se había mentido tanto en Europa desde Goebels.
Por todo ello, el referéndum anunciado, culminación de la
estrategia de CiU, es como ha dicho Jimenez Villarejo, tramposo y capcioso,
pero dada la brecha, aunque artificialmente inducida no menos real, entre la
sociedad catalana y el resto de la sociedad, difícilmente evitable en el largo
plazo a menos que el gobierno realice una intensa labor pedagógica e
informativa que quizá no está en condiciones de realizar actualmente dado el
dominio aludido de los secesionistas sobre prensa y educación.
Sin embargo, existe un peligro aún mayor que el propio
referendo y es la solución que probablemente se halla en el designio de un
sector amplio del gran capital catalán, verdadero organizador en la sombra de
todo el proceso, solución que pasa por arrancar al gobierno español nuevos
privilegios económicos en un chantaje no sólo injusto sino humillante para la
dignidad nacional.
Antonio Torres Montaner
(*) Para demostrar esto bastaría echar una ojeada a
muchos de los programas de TV·3 o incluso a lo que esa cadena silencia: una
muestra bien significativa es el veto hacia un cantante tan interesante,
espontáneo y poco conservador como Sabina, sin duda por temor a que la imagen
simpática y moderna de la sociedad española actual que este cantautor transmite
avive los lazos de afecto entre Cataluña y el resto de España destruyendo esa
de lo español "casposo"que intentan incansablemente transmitir
(nota del cronista: respecto a ERCROS, tuvimos en la familia un desagradable episodio, a cargo de un muy conocido político catalán de entonces, transferido a esta empresa, y que nos causó un importante quebranto económico, con una jugada incomprensible bajo un prisma comercial, pero lógico como putada política de abuso de poder, y así lo vivimos).
